EL MOMENTO DEMANDA LA COORDINACION Y UNIDAD DE TODOS LOS SECTORES EN LUCHA

Por: Julio Ovalle
En las últimas semanas se han producido aumentos sucesivos en la tarifa energética, los combustibles y por vía de consecuencia en el flete del transporte de los productos, el transporte de pasajero y en diversos productos de primera necesidad.

Por eso varios aumentos en los productos de la canasta familiar como el pan, el café, arroz, azúcar, entre otros.

Estos aumentos durante la navidad y durante lo que va de enero producen un desequilibro significativo en la economía del pueblo trabajador.

El gobierno busca superar un déficit de más de 70 mil millones de pesos del presupuesto del 2010 y acumular recursos para promover la reelección, pagar los intereses de la deuda externa u otros compromisos monetarios y financieros con la banca nacional.

El momento coyuntural nos plantea la urgente necesidad de coordinar y unir, con un solo plan de lucha, a todos los sectores afectados por las últimas medidas económicas.

Además, estos aumentos son arbitrarios e ilógicos, no se explican porque los combustibles están bajando a nivel internacional, muy debajo de ocasiones anteriores, y con el acuerdo de a Caribe que debe favorecer al pueblo, las facilidades y el endeudamiento por esa vías, las tenemos que pagar con más impuestos.

Llamamos a todos los sectores en lucha a seguir una línea de resistencia a estos aumentos abusivos y arbitrarios, siempre al lado del pueblo y sin ceder ni un paso en defensa de los intereses de las mayorías oprimidas. Lo más conveniente y pertinente es despertar a los sectores rezagados que se sumen a exigir variación de los aumentos, rebaja de los mismos, modificación de la Ley de Hidrocarburos, que el Acuerdo de Petro Caribe impacte en la gente y que se eliminen los subsidios multimillonarios a las grandes empresas y monopolios para que lo reciba el pueblo trabajador y los medianos y pequeños productores.

También por el 4% por ciento para la educación, además de las demandas siguientes:

1- Anular el contrato entre el Estado Dominicano y la empresa minera Barrick Gold por su carácter oneroso, por las características depredadoras y contaminantes de esa empresa, porque el mismo vulnera la constitución de la república y la Ley general de medio ambiente y recursos naturales

2- Desprivatizar el sistema eléctrico del país, recuperar el patrimonio privatizado de ese sector, restablecer su carácter de servicio público, reunificar e integrar sus empresas en una sola corporación con un nuevo modelo de propiedad social que garantice el fin de los apagones, la reducción de los costos de producción, transmisión y distribución y el establecimiento de tarifas accesibles a toda la sociedad.

3- Un aumento de salario para quienes devengan sueldos menores de 25 mil pesos en el sector público, a civiles y militares y en el sector privado, la reducción de un 10% de precios de los artículos de primera necesidad, las medicinas, las viviendas y el transporte. Dejar sin efecto en lo inmediato la llamada indexación de los combustibles, reducir administrativamente en un 10% los impuestos a los hidrocarburos para abaratar sus precios y someter una modificación a la ley de hidrocarburos. Recuperar para fines de entrega a las familias campesinas desposeídas y la activación de la reforma agraria todas las tierras cultivables del Estado, las tierras baldías en manos de terratenientes y las normadas por la ley del latifundio.

4- Sancionar ejemplarmente a los responsables y beneficiarios de la corrupción estatal a nivel del gobierno central, el Congreso Nacional, los ayuntamientos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, DNCD, DNI e instituciones autónomas del Estado. Recuperar todas las fortunas mal habidas en las últimas décadas para ser invertidas en planes sociales y obras de desarrollo en todas las comunidades.

5- Ponerle fin al presente estado policial. A la represión contra la sociedad y muy especialmente contra la población empobrecida, desmilitarizar los barrios y prohibir el uso de las tropas especiales y armas de guerra contra el ejercicio del derecho a la protesta en lo inmediato, y someter a estudios a la mayor brevedad la disolución de la actual Policía Nacional por su carácter militar y el alto nivel de corrupción y criminalidad que la arropan, para reemplazarla por una policía civil y respetuosa de los Derechos Humanos.

6- Por una verdadera política de seguridad social que ponga bajo el control del Seguro Nacional de Salud como entidad rectora todo lo relativo a la re aseguración en salud y que asimile la población que ha quedado desprovista de la seguridad social.

7- Hasta el 12 de febrero tenemos hábil, para desarrollar talleres evaluativos de la situación actual y planificar la lucha.

8- EN MUNICIPIOS, SECTORES Y PROVINCIAS, ASAMBLEAS Y LUCHAS SIMULTANES CONSTANTE.

EQUIPO DE SEGUIMIENTO
DISTRITO NACIONAL, 15-01-2011